Según estos datos, ya desde 2007 se presentó una reducción importante en el ritmo de crecimiento de la población de inmigrados residentes en Estados Unidos. La reducción no es homogénea, pues hay zonas metropolitanas, como la de Washington, DC, cuya población ha crecido, aunque lo ha hecho a un ritmo menor.
La reducción, además, es el resultado del menor dinamismo de la economía estadunidense, así como del temor que han generado en distintos grupos de emigrados residentes, legal o ilegalmente en Estados Unidos, las políticas en materia de migración aplicadas en fechas recientes, especialmente las redadas.
No sólo eso, además del estudio publicado por la Brookings sobre la inmigración a ese país en sí misma, dará a conocer el próximo 25 de septiembre un estudio muy interesante acerca del papel que los medios de comunicación estadunidenses han tenido en darle forma a las políticas públicas aplicadas en los últimos años por el gobierno de ese país en materia migratoria.
El estudio es particularmente interesante porque en los últimos años hemos sido testigos de los ataques despiados de figuras muy representantivas del "media establishment," de las "media elites," de Estados Unidos, contra los emigrantes, mexicanos y de otros países, que han terminado por resonar con los temores que los efectos de políticas públicas mal diseñadas y peor aplicadas han tenido en amplios sectores de la población estadunidense.
Es el caso muy publicitado de Lou Dobbs, de CNN, pero sobre todo de muchos medios de comunicación locales, escritos y electrónicos, que en reiteradas ocasiones han culpado a los emigrados de los problemas que enfrenta la economía de ese país.
Lo hacen con un tono que combina el racismo inevitable, con el olvido de los errores propios, así como--sobre todo--la muy importante contribución que los emigrados mexicanos y de otros países han hecho para mantener una muy baja inflación, abaratar los costos de producción y, en general, para mantener la economía de ese país competitiva, a diferencia de países de Europa que han tenido políticas migratorias más restrictivas que la que distinguió a EU hasta, por lo menos, 2001.
Los datos que arroja el estudio de la Brookings que da a conocer The Washington Post este martes, son consistentes--por cierto--con estudios publicados previamente por The Pew Hispanic Center, ver también aquí, una institución--como la Brookings--igualmente seria y responsable.
Incluso son consistentes con los que reportó hace unos meses el Center for Immigration Studies, una institución poco seria y que, cubierta por el manto protector de "lo acadé
mico," ha sido una de las principales responsables de radicalizar las acciones de los gobiernos, demócratas y republicanos, federal, estatales e incluso en el ámbito de los condados, con todo tipo de argumentos "académicos," que no son más que ataques velados contra personas que no pueden defenderse.No sólo eso, como un grupo muy influyente en algunos círculos de los partidos Republicano y Demócrata, el CIS, ha alentado la aplicación de políticas que, con toda razón, han sido severamente criticadas por observadores independientes y por medios como The New York Times.
La más reciente de estas políticas incluyó una oferta francamente ridícula a los poco más de 457 mil personas que se sabía a finales de agosto que estaban sin documentos en EU. A estos indocumentados se les ofrecía un periodo de gracia de 90 días para que se entregaran voluntariamente y tuvieran la oportunidad de cerrar cuentas de banco, vender bienes e incluso arreglar la adopción de sus hijos.
La medida era absurda. Fue cancelada apenas tres semanas después de que fuera iniciada. Pero como lo señala el Times, en un editorial muy severo, el problema de esta medida y de otras, es que genera en la opinión pública estadunidense un sentimiento según el cual no hay otra forma para "lidiar" con los inmigrantes más que las redadas que, desde luego, se caracterizan por no permitir que los afectados se despidan de sus familias o puedan arreglar sus papeles y sacar sus ahorros del colchón o del banco.
Los datos del censo y los primeros estudios dados a conocer estas semanas por distintas instituciones académicas y por medios de comunicación en Estados Unidos, hablan también de un cambio muy importante en la estructura demográfica de aquel país. Este cambio, especialmente en el caso del análisis de The Pew Hispanic Research, hará que en el futuro inmediato (20 años), crezca el número de personas de origen hispano o latino, y decaiga notablemente el de quienes podrían identificarse como blancos o caucásicos.
En el caso de los blancos, los cambios no sólo tienen que ver con su número (que se reduce), sino también con los lugares en los que viven y sus patrones de movilidad. En este sentido, llama la atención el que al parecer haya terminado el llamado "White flight."
Este fenómeno es el del movimiento de blancos fuera de las ciudades de ese país, para instalarse en los suburbios, proceso que se ha dificultado por los costos crecientes de la gasolina, pero también por los costos de los servicios en los suburbios y por los problemas asociados con el tiempo que se pierden en los viajes de los hogares a los lugares de trabajo.
Los datos del Censo y la información publicada por The Washington Post, sin embargo, ofrecen otra arista de análisis importante. La de las medidas que tendría que haber tomado (y que desde luego no se hizo) el gobierno de México para hacerle frente a la ausencia de esta "válvula de escape" conocida como migración, e incluso hacerle frente al regreso de personas que vivan en la actualidad en EU.
No es, por cierto, que no le hayan advertido al gobierno de México. Ya desde mayo de este año, un dirigente de la Confederación Nacional Campesina, advirtió al gobierno de México acerca de esta posibilidad.
La situación en EU, por cierto, no es la más grave ni la más difícil para las poblaciones de emigrados. Está el caso, por ejemplo, de España que ha llegado recientemente al extremo de ofrecer a personas sin documentos y sin empleos, la oportunidad de recibir hasta el 40 por ciento de los beneficios de desempleo que recibirían si fueran residentes legales, a cambio de que regresen a sus países de origen, a donde se les enviaría el otro 60 por ciento de esos recursos.
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